La corrupción, el nepotismo y abuso de poder son delitos graves y faltas administrativas severas que atentan contra la sociedad, socavan el Estado de derecho y quebrantan la confianza ciudadana. Estas conductas negativas representan serios obstáculos para el desarrollo del país, ya que frenan el crecimiento económico, afectan la equidad, perpetúan la pobreza estructural, limitan el acceso a servicios esenciales y provocan pérdidas millonarias que perjudican al Producto Interno Bruto. 

Además, provocan daño al bienestar de las familias y reducen el poder adquisitivo de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Cabe destacar, que el servicio público por años ha sido utilizado por algunas personas como un medio para obtener propiedades y privilegios, han convertido esa práctica en un modus vivendi; al grado de heredar a familiares o amigos plazas gubernamentales que, para la ciudadanía común, aun con preparación académica y experiencia profesional, resultan inaccesibles, colocando así a los círculos cercanos al poder con facilidad en cargos de alta responsabilidad, particularmente en aquellos relacionados con el manejo de recursos y disfrutando de estilos de vida muy distintos a los que tenían antes de asumir el poder.

El Estado no puede ser visto como una finca personal, en la que, quienes llegan al poder decidan a su antojo sobre los recursos públicos, por el contrario, se requiere gobernantes y servidores públicos honestos, congruentes y comprometidos con la sociedad, porque el despilfarro de recursos y la asignación arbitraria de puestos deben terminar, el nepotismo debe considerarse como un delito grave de corrupción.

Cifras que impactan…

Datos del INEGI mediante la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) informó que el 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción, mientras el 15.6% de los ciudadanos sufrió directamente algún acto de corrupción al realizar algún trámite o pago.

En este periodo, la tasa de incidencia fue de 27, 438 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, la tasa de mujeres víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron durante 2025 fue de 10,343 por cada 100 mil mujeres. Para los hombres se estimó una tasa de 21, 620 por cada 100 mil hombres.

En 2023, la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 13,966 por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional.

El 83.1% de la población consideró que los actos de corrupción fueron frecuentes en su entorno y el 14% de las personas experimentó al menos un acto de corrupción al realizar un trámite, pago, o al tener contacto con servidores públicos.

En 2023, 169,769 empresas (3.5%) fueron víctimas de corrupción. Las empresas medianas registraron la mayor prevalencia con 8.4 por ciento.

En ese mismo periodo, hubo 2 341 personas sancionadas en la administración pública federal, equivalente a 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas.

De acuerdo con evaluaciones del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en la posición 141 de 182 países evaluados.

Operativos y Estrategias…

Actualmente, el Gabinete de Seguridad del país y la Fiscalía General de la República (FGR) en apego a la estrategia nacional de seguridad pública vienen trabajando de manera eficiente en operativos de detención de servidores públicos coludidos en delitos de alto impacto y neutralizando las acciones de redes de protección institucional a favor de grupos delincuenciales.

Entre las estrategias y acciones, se realizan controles de contrainteligencia, fiscalización financiera y depuración de los aparatos de seguridad para frenar la corrupción, abuso de poder y la impunidad.

El Operativo Enjambre ya es una realidad y se encuentra operando en la mayoría de los estados para frenar la corrupción, la extorsión y desarticular la vinculación de funcionarios gubernamentales con grupos delincuenciales.  La tarea no es nada fácil, ya que por décadas el país ha sufrido con estos delitos.

Los costos…

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI mencionó que la corrupción en trámites, pagos y servicios públicos ascendió a 11 mil 910.6 millones de pesos a nivel nacional. La afectación representó un costo promedio de 3,368 pesos por cada víctima.

De igual forma, el INEGI en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 reveló que la corrupción en trámites y servicios públicos generó un costo de 17,707.4 millones de pesos.

La cantidad equivale, en promedio a 3, 865 pesos por persona afectada y representa un aumento del 48.7% respecto a 2023.

Como dijo Lord Acton, historiador, político y escritor inglés, “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.”

Y Usted, ¿qué opina?

Así las cosas.

Nos vemos en la próxima.